En agosto del 2002, Álvaro Uribe Vélez asume la
presidencia implementando la política de seguridad democrática. Durante su
mandato se celebran negociaciones y acuerdos con los grupos paramilitares del
país, que tras la promulgación de la ley de justicia y paz en 2005, se inicia
la desmovilización de
alrededor 30.000 integrantes de las Autodefensas
Unidas de Colombia, AUC, y la entrega de los principales jefes paramilitares
Los únicos acercamientos que se produjeron
entre Gobierno y FARC fueron acuerdos humanitarios con el fin de liberar
secuestrados. Por otro lado, se intentó dialogar con guerrilleros del ELN pero
resultaron fallidos por discrepancia entre las partes.
EL Gobierno de Juan Manuel Santos abre el
camino para un proceso de paz con las FARC iniciado el 4 de septiembre del 2012
y del cual se han logrado seis acuerdos. Falta la implementación.
Desarrollo agrario
Respecto al primero, se creará
un fondo de tierras de distribución gratuita, además de un formalización de la
propiedad rural, se entregarán subsidios y se creará una jurisdicción agraria,
entre otros puntos.
La cuestión agraria es clave,
ya que muchos especialistas consideran las disputas por la tierra el elemento
central en los orígenes del conflicto.
Participación política
En cuanto a la
participación política, se establecerán mecanismos para la creación de
nuevos partidos políticos, así como circunscripciones especiales en las
zonas más afectadas por el conflicto, donde se podrán elegir parlamentarios
extra a los ya existentes; todo en el marco de lo que las partes denominaron
una "nueva apertura democrática".
Además acordaron
"asegurar que se rompa para siempre el vínculo entre política y
armas". Para eso, se comprometieron a que "todos quienes ejercen la
política" tengan "la seguridad que no serán víctimas de las
armas".
Fin del
conflicto
Se acordó que los
guerrilleros obtendrían una pena mínima de cinco años y una máxima de ocho,
siempre y cuando reconozcan sus faltas y se comprometan a resarcirlas .
También contempla la
creación de una jurisdicción especial de paz, en donde tribunales con salas
especializadas de justicia van a investigar, juzgar y sancionar a los
responsables de delitos cometidos con ocasión del conflicto.
La jurisdicción
especial busca que haya verdad, justicia y reparación para las víctimas, que no
haya impunidad y que les otorgue seguridad a quienes participaron de manera
directa o indirecta en el conflicto armado.
Solución de
drogas
El convenio da vía
libre al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y
una política criminal que concentre sus capacidades en la investigación,
judicialización y sanción de los delitos asociados a cualquier organización
criminal relacionada con el narcotráfico
El punto cinco de la
agenda señala que los temas a tratar al respecto son los derechos humanos de
esas víctimas y el componente de verdad y justicia para lograr que quienes han
sido afectadas por el conflicto alcancen la máxima satisfacción posible.
En este punto, tanto
el Estado como las FARC deberán reconocer su responsabilidad en hechos
violentos y delitos de lesa humanidad, lo que algunos analistas ven complejo.
Implementación,
verificación y refrendación
Hace referencia al
tema de la ‘implementación, verificación y refrendación’ de ese acuerdo y
seguramente se vendrá un debate extenso porque serían los colombianos quienes
decidan si están o no de acuerdo con lo acordado en La Habana.
El Gobierno habló en
principio de que la refrendación se haría a través de un referendo, una medida
que no comparten las FARC, quienes hablan de una Asamblea Constituyente.
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