11. El problema
del tráfico de drogas
ilícitas ha generado que gobernantes, académicos y miembros de la sociedad
civil de países productores debatan sobre el asunto con el fin de encontrar
soluciones. Algunos proponen que, para defender el bien común, se deben legalizar
las drogas. ¿Cuál de los siguientes es el argumento que está a favor de la
propuesta de legalización?
A. Una gran parte de la violencia
mundial está asociada al tráfico y consumo de drogas, por tanto, su
comercialización debe tener estrictos controles.
B. En los países productores no existe
ninguna responsabilidad en el tráfico de drogas; la responsabilidad debe recaer
sobre los controles de los países consumidores.
C. Una gran parte quienes consumen
drogas son personas enfermas que necesitan que el Estado garantice ambientes
sanos para que puedan superar su adicción.
D. En los países productores, la
prohibición ha generado problemas sociales más graves que aquellos efectos
económicos que se querían evitar con esta medida.
12. Durante
siglos, los practicantes judíos y musulmanes les han practicado la circuncisión
a sus hijos. En Alemania, un juez tomó la decisión de prohibir la circuncisión
a niños menores de 14 años. A esa edad, cada niño decidirá por sí mismo si se
la realiza. Las grandes comunidades de judíos y musulmanes piensan que este es
un ataque en contra de sus creencias e invitan a seguir practicando
circuncisiones a temprana edad. El asunto ha generado polémica, pues se
considera un nuevo ataque a las costumbres y herencia judía y musulmana,
pueblos que siguen siendo discriminados por su cultura a pesar de sus grandes
aportes económicos a los países europeos. En la descripción de esta situación,
se le da mayor énfasis a
A. las consecuencias económicas de la
discriminación a un pueblo con grandes capitales.
B. los efectos de la decisión del juez
en las relaciones internacionales alemanas.
C. las creencias religiosas y
tradiciones que respaldan la práctica de la circuncisión.
D. los derechos de los menores de edad
y la responsabilidad de sus padres de respetarlos.
13. Recientemente
se propuso un proyecto de ley ordinaria
que condena el satanismo, porque es contrario a las creencias religiosas de la
mayoría de la población colombiana. ¿Por qué este proyecto no podría aprobarse?
A. Porque contradice lo dicho en la
Constitución, la cual protege todas las creencias religiosas y no solo las de
la mayoría.
B. Porque contradice los derechos de los
legisladores que pertenezcan a una religión minoritaria, quienes tendrían que
renunciar al Congreso.
C. Porque contradice las normas
internacionales, las cuales establecen que las creencias religiosas son del
dominio de las iglesias y no de los estados.
D. Porque contradice las leyes actuales, las
cuales establecen que la religión es un asunto privado que no interesa al
Estado.
14, Un municipio turístico colombiano está altamente afectado
por el manejo incontrolado de las basuras. La administración municipal decide
trabajar en una solución que contempla varias dimensiones. En lo político se
implementan acuerdos y ordenanzas en cuanto al mejoramiento del medio ambiente;
en lo social se brinda capacitación a los habitantes del lugar en el manejo de
residuos y se comienza a reciclar; en lo económico se asignan recursos del
presupuesto municipal a la adecuación de los edificios públicos para facilitar el
reciclaje y la separación de las basuras. ¿Cuál de las siguientes opciones
muestra un aspecto que NO se contempló en la solución propuesta?
A. El poco compromiso de la
administración con la conservación del medio ambiente.
B. El desconocimiento del manejo de
residuos sólidos por parte de la población.
C. La inversión de dineros públicos
para llevar a cabo las obras de infraestructura necesarias.
D. La existencia de turistas poco
comprometidos con el manejo de las basuras en el lugar.
15. Suponga que en el país se discute la conveniencia de
reformar la Constitución para permitir la pena de muerte. De acuerdo con la
Constitución política de Colombia, ¿podrían los ciudadanos acudir a un
mecanismo de participación directa para pronunciarse sobre este tema? A. No,
los asuntos penales son competencia exclusiva de la Rama Judicial. B. No, la
decisión debe ser tomada por el presidente vía decreto.
C. Sí, a través de un referendo
constitucional.
D. Sí, a través de un plebiscito
convocado por el presidente.
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